Según la
información que brindó el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se diagnosticaron 15 casos más de COVID -19.Lo notificó en la última rueda de prensa del 19 de marzo, y en ella se
indicaron varias medidas a realizar para enfrentar esta problemática.
Conjunto al
presidente se halló el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado; el
prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés; la ministra de Economía y
Finanzas, Azucena Arbeleche; el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol; el
ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres; el ministro de Salud
Pública, Daniel Salinas; el director de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, Isaac Alfie, y el presidente del Banco Central del Uruguay, Diego
Labat.
A través de la
conferencia, la ministra de Economía mencionó que iba a “reforzar la partida a
aquellos uruguayos que reciben planes de alimentación en todas sus formas” y
detalló las medidas económicas, una de ellas es que el Banco República dejará a
disposición de las empresas un línea de créditos de carácter “blandos” para
enfrentarse a la pandemia que afecta a la población. Arbeleche, indicó que
“queremos dar liquidez con particular énfasis en las pequeñas y medianas
empresas”.
El ministro de
Trabajo, Pablo Mieres, participó oralmente: “A partir del día de hoy rige un
régimen de flexibilidad del seguro de paro para ciertos sectores que son los
más afectados por la reducción de actividad y, por ende, donde mayor demanda de
seguro de paro pueda haber [..] Esto se da por una situación aguda”.
Alvaro Delgado,
secretario de presidencia, solicitó “calma, cooperación y colaboración” a la
sociedad y el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, se mantuvo en la misma
línea.
Ayer se
notificó a la sociedad uruguaya que los casos aumentaron a 16, con un resultado
final al momento de 110 personas con COVID-19.
Actitud ante la cuarentena parcial y
la posibilidad de ser general
El Gobierno
uruguayo solicitó que la población realizara cuarentena, ya que así podrían
tratar de que el virus no se expanda, la idea principal es controlarlo y así
lograr eliminarlo. El problema es que varias personas utilizan los días
destinados a evitar el contagio en irse de vacaciones.
La solicitud de
parte del gobierno comenzó hace una semana, cuando se registró los primeros
casos de COVID-19 en el territorio. A raíz de esto, varias instituciones
decidieron poner manos a la obra, una de las decisiones que se tomaron es la
posibilidad de realizar teletrabajo; se pidió a la población no presentarse en
los hospitales si no es por un caso extremadamente necesario y evitar las
agrupaciones grandes de personas, entre otras medidas.
En el caso de
que la autoridad competente indique realizar obligatoriamente la cuarentena y
esta no sea realizada por el individuo o individuos, se los puede sancionar con
la utilización del Código Penal, allí serán investigados y se seguirá los pasos
correspondientes. En el artículo 224 del Código Penal, indica que aquel que no
cumpla lo dictaminado por la autoridad competente, podrá estar entre tres a
veinticuatro meses de prisión.
Artículo 224:
“El que mediante violación a las disposiciones sanitarias dictadas y
publicadas por
la autoridad competente para impedir la introducción o propagación en el
territorio nacional de enfermedades epidémicas o contagiosas de cualquier
naturaleza, causare daño a la salud humana o animal, será castigado con tres a
veinticuatro meses de prisión.
Será circunstancia agravante especial de
este delito si del hecho resultare un grave perjuicio a la economía nacional.”
El
pedido del Sindicato Médico
El Sindicato
Médico del Uruguay (SMU), recomendó realizar una cuarentena general que se
extienda hasta el 12 de abril.
El plan
propuesto maneja tres etapas, la primera es la cuarentena general. Esta primera
parte busca llegar a tener un “control sanitario epidemiológico” y “la
implementación de esta etapa de cuarentena general le permitiría al Sistema
Nacional Integrado de Salud organizarse para afrontar de forma adecuada esta
crisis sanitaria”, indicaron.
El segundo paso
es “extremar el trabajo”, aquí se debería obtener los materiales necesarios
para realizar un test diagnóstico. También se buscará modificar las áreas de
asistencias para los pacientes con COVID-19 y reorganizar el trabajo de los
funcionarios sanitarios.
El paso final,
siempre y cuando se cumplan correctamente los pasos anteriores, “se deberían
diseñar estrategias de testeo por sectores de población, pacientes, contactos y
grupos de personas según modelos ya implementados en otros países como por
ejemplo Corea del Sur [...] Contar con dispositivos asistenciales desarrollados
para dar respuesta a los casos graves que requieren contingencia”, mencionaron.
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